financiamiento
Dr. Harry Patrinos, Banco Mundial
Uno de los aspectos más importantes acerca de la educación es que su financiamiento proviene del sector gubernamental en la mayoría de los países en el mundo. Este financiamiento se ha manifestado en una elevada matrícula escolar y en otros beneficios para sus sistemas educativos, como el acceso universal a la educación en muchas naciones. Sin embargo, la educación otorgada por el sector público no siempre es la mejor para nuestros niños, ya que existen grupos que son dejados atrás como minorías lingüísticas, minusválidos, entre otros. Asimismo, continuamos observando diferencias en la escolaridad entre diversos grupos, particularmente entre niños y niñas, en gran parte del orbe.
EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MEXICO
Víctor Manuel Ulloa Arellano
de la ENEP Acatlán
No debemos olvidar que la educación en todos los niveles, y particularmente, en el superior, juega un importante papel como uno de los principales cimientos de la sociedad y se constituye como su motor y eje fundamental sobre el que ésta debe desarrollarse.
En el entorno actual, bajo el esquema de apertura a los mercados internacionales y la globalización de nuestra economía, se han presentado condiciones que impactan directamente a la sociedad y en especial a la población que conforma los sectores de marginación y pobreza; la educación superior se transformó de ser un producto para minorías, a la única vía para enfrentar apropiadamente las imperantes y complejas necesidades del país. En el proceso que permita entablar competencia con otros países y satisfacer adecuadamente los requerimientos nacionales, se hace evidente la importancia de la asignación racional y planificada por parte del Estado, de recursos financieros para sostener a una educación pública superior de calidad.
Nuestra nación demanda, para su desarrollo económico y social, la formación de profesionistas de alto nivel, exigencia que únicamente puede ser cubierta con un adecuado sistema de financiamiento a las instituciones educativas de nivel superior que, en su mayoría, ha de ser sustentado por el gobierno federal. Los beneficios que resultan de ello, pese a no poder ser medidos directamente en escalas monetarias, justifican plenamente el soporte gubernamental.
Se debe contemplar entonces al financiamiento a la educación superior como una inversión y no como un gasto, cuyo sustento es el dinero de los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos.
Han de considerarse además de los apoyos por parte del Estado, fuentes adicionales de financiamiento, provenientes de asociaciones civiles, egresados de instituciones públicas y, preferentemente de un importante sector de la iniciativa privada que se ve altamente beneficiado de las universidades del gobierno a cambio de una escasa o nula contribución al apoyo económico de éstas.
Cabe destacar que un gran proporción de alumnos habría quedado excluido de asistir a la universidad si las cuotas no hubieran sido de carácter voluntario. Este hecho ha redundado además en el aumento de la matrícula femenina en los centros de formación superior, lo que ha implicado una mejor calidad de vida para mas mujeres que tienen la oportunidad de estudiar una carrera profesional.
Al concebir las expectativas del financiamiento de la educación pública superior en nuestro país, es indispensable analizarlas en retrospectiva para obtener una perspectiva integral que proporcione elementos para elaborar propuestas en este rubro.
Sin recurrir a políticas paternalistas, y considerando la magnitud y relevancia del aparato educativo en la prosperidad de la nación, sólo mediante una subvención en su mayor parte gubernamental pueden establecerse las bases para estructurar un adecuado sistema de educación superior. Paralelo al apoyo económico gubernamental, han de establecerse en las instituciones de formación profesional mecanismos académicos y administrativos orientados al correcto empleo y máximo provecho de los recursos financieros para que estos centros de educación superior puedan cumplir cabalmente sus objetivos que, esencialmente redundan en un beneficio para la sociedad.
Entonces, es de esperar que por sí solo, un aumento en el gasto social del gobierno en el rubro de la educación y en específico en el de la superior, no conlleva una mayor eficiencia de las instituciones tal como se ha experimentado en el pasado.
Considérense las políticas de asignación de recursos gubernamentales a los centros de formación profesional llevadas a cabo en períodos anteriores. En las administraciones de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, el contexto de nuestro país era ya preponderantemente urbano, lo que significaba que era necesario para el desarrollo de la actividad productiva una mejor preparación de los trabajadores, es decir, elevar el nivel de formación de los habitantes. En este momento, el rol de la educación superior deja de ser un privilegio de un pequeño grupo y se convierte en un medio de formación de mayores cantidades de profesionistas, de los cuales, su ejercicio laboral impactaría directamente en el sistema económico nacional.
Bajo estas circunstancias, el gobierno federal otorga un aumento al presupuesto asignado a la educación superior por arriba de cualquier otra partida del gasto social. Este hecho permitió en una primera etapa, satisfacer las ingentes necesidades de educación superior, que si bien dio origen a un proceso de democratización de las instituciones educativas de tercer nivel no implementó al mismo tiempo medidas cuyo objetivo fuera renovar la estructura académica adaptándola a este fenómeno de masificación.
Al paso del tiempo, se verificó un dramático aumento en la matrícula estudiantil y en el personal docente, que no obstante, se desempeñaban bajo los obsoletos esquemas y modelos educativos lo que, en consecuencia, significó un claro detrimento de la calidad de estas instituciones. Paradójicamente, esta forma creciente y libre de financiamiento gubernamental a los centros de formación profesional se convirtió en un método paternalista más preocupado por las relaciones entre el gobierno, el sistema educativo y la sociedad, que por los niveles de eficiencia y rendimiento de las instituciones de educación superior, las cuales, bajo esta estructura de financiamiento, no se les exigía un mínimo nivel académico. En esta etapa salen a la luz nuevas instituciones a las cuales no se solicita estándares de acreditación y que se desarrollaron, por consiguiente, sin evaluación.
El vertiginoso aumento en la población estudiantil durante el período Echeverría-López Portillo en centros educativos de tercer nivel se vio reflejado en una inadecuada distribución de alumnos por área de estudio, dándose una reducción en la correspondiente a ciencias exactas y naturales y una acentuada concentración en las económicas, administrativas y jurídicas.
No obstante a esta desproporción por áreas, la expansión en el número de estudiantes vino acompañada de un importante beneficio que se da con el incremento a la matrícula femenina que, pese a que la mujer representa un poco mas de la mitad de los habitantes según los censos de población, el porcentaje de ellas que tenía acceso a la educación en 1970 era de sólo el 14% y ha crecido hasta el presente, con una participación cercana al 50% del estudiantado; según las estadísticas estimadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI. Este notable hecho permite fortalecer las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, propiciando además una participación mas activa del sector femenino en asuntos de interés nacional.
Al presentarse la crisis económica correspondiente al período de Miguel de la Madrid Hurtado, se implementó una severa política en el control de precios y saneamiento de las finanzas públicas que repercutió directamente en una considerable disminución a las partidas del gasto del desarrollo social, lo que afectó principalmente al rubro de la educación de tercer nivel. Contrario al sentido común, el sistema de educación superior continuó con la escalada desmedida de la matrícula y planta docente, originando serios problemas administrativos y académicos, pues el ya de por si poco presupuesto tenía que aprovecharse para mayores gastos. En lo concerniente al personal docente durante este período, el numero de contrataciones creció significativamente en contraparte a lo que sucedía con los demás empleos.
Esta etapa, de expansión de matrícula y planta docente y de escasos recursos económicos, el sistema educativo seguía caracterizándose por la ausencia de objetivos de desarrollo académico, por lo que no podían establecerse mecanismos de toma de decisiones sobre la asignación de recursos. Al final del período de Da la Madrid Hurtado y al inicio del de Salinas de Gortari, la economía nacional presentaba un panorama relativamente favorable, lo que conllevó a una reprogramación del gasto social en la educación. Sin embargo, este nuevo aumento al presupuesto de las instituciones educativas fue menor en las de tercer nivel que las de todas en conjunto.
La política en esta etapa era no continuar con la asignación creciente de recursos y se presentaron fuertes cuestionamientos sobre la calidad, eficiencia e importancia de los centros de educación superior. De aquí se genera el interés en el diseño de un sistema de evaluación a las instituciones de educación superior para definir indicadores sobre la proporción de recursos a asignarse en función de los resultados obtenidos. Hasta la fecha no ha logrado diseñarse un método que cumpla con tales objetivos y que permita vincular las medidas de calidad y eficiencia con objetivos de desarrollo académico.
Si bien es claro que el soporte económico de los centros de formación superior ha de ser mediante la asignación gubernamental mayormente, debe responderse a la interrogante que plantean algunos escépticos hacia este tipo de financiamiento, que sostienen que los principales beneficiados bajo dicho sistema no son las clases de escasos recursos económicos.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que las instituciones públicas de educación superior han permitido el acceso a ellas a un importante número de alumnos con bajo poder adquisitivo.
La distribución de recursos federales a la educación superior es adecuada en las sociedades que presentan un significativo sector de la población con desfavorables niveles económicos, pero debe realizarse una correcta administración de los mismos para poder obtener los resultados que la sociedad espera de ellos.
Entonces, se destacan dos aspectos fundamentales respecto al financiamiento de las instituciones de educación superior. Primero, un aumento en el presupuesto por sí sólo y sin una reestructuración académica y administrativa carente de objetivos congruentes a los requerimientos de la sociedad tendrá consecuencias negativas en la calidad de la educación tal como sucedió en el período de 1970 a 1982. Segundo, deben atenderse a los indicadores de calidad y eficiencia que justifiquen la inversión en educación pública superior en función del rendimiento de la misma.
Tómese para tal efecto el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, históricamente la mas antigua de América y por su importancia en el sistema educativo, ya que tiene la mayor de las matrículas de alumnos.
La mitad de las investigaciones en áreas de gran relevancia para nuestro país como las ciencias exactas, médicas, agrícolas, humanísticas, jurídicas y administrativas entre otras, se llevan a cabo en la UNAM. En los diez últimos años, la Universidad Nacional formó al 25% de los profesionales con el grado de maestría y al 50% de los que tienen el doctorado.
En el período académico 2000-2001 se desarrollaron 3709 proyectos de investigación y se inscribió a 227 mil alumnos en los niveles de bachillerato y licenciatura. Se estima que durante el mencionado período, un promedio de 2 mil egresados se incorporaron a la iniciativa privada y pública para prestar sus servicios profesionales. A lo anterior hay que agregar la atención médica, odontológica, veterinaria y sicológica entre otras, brindada a la comunidad de bajos recursos.
Es indiscutible la importancia del apoyo gubernamental en la subvención de las instituciones de educación superior, sin embargo, debe conformarse un sistema de fuentes adicionales de financiamiento que permitan continuar con la misión fundamental de los centros de formación profesional. Retomando el caso de la Universidad Nacional, se contempla una estrategia de captación de recursos extraordinarios mediante la Fundación UNAM. En el presente año, se da promoción a la campaña de afiliación a esta fundación, la cual canalizará las aportaciones de los socios a proyectos en beneficio de los universitarios.
El objetivo de la Fundación es el de captar a 20 mil nuevos socios cuya aportación mínima anual sea de 1500 pesos, tomando en cuenta que solamente el Programa de Becas de la UNAM emplea al año 26 millones de pesos. El gobierno federal se ha comprometido a otorgar mediante el Programa Nacional de Becas una cantidad igual si la Fundación logra captarla.
Un importante paso se ha dado con empresas de la iniciativa privada en la aplicación de descuentos en el precio de sus artículos y lo que se persigue es que éstas realicen aportaciones económicas directamente a la Universidad, ya que muchas de ellas se han visto beneficiadas por que gran parte de su personal es egresado de universidades públicas.
La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas calcula que globalmente, el 63% del costo de la educación es absorbido por el gobierno, en segundo lugar, el 35% provisto por la iniciativa privada, alumnos egresados y asociaciones no gubernamentales. El restante 2% es aportado por programas adicionales de apoyo.
Recapitulando, el motivo que justifica plenamente el financiamiento en mayor parte gubernamental, a la educación superior, es que los objetivos fundamentales de las instituciones educativas de tercer nivel están enfocados a brindar beneficios sociales que no pueden medirse directamente en términos monetarios. Paralelo al apoyo federal deben establecerse en las instituciones superiores metas y objetivos académicos congruentes con las necesidades prioritarias del país, mismas que mantengan niveles adecuados de calidad en la educación y de la eficiencia terminal, así como reorientar la distribución de la matrícula por áreas de conocimiento, reforzando aquellas que son cruciales para el desarrollo productivo y social de la nación. Asimismo, debe darse una reestructuración administrativa, que permita un ágil y transparente manejo de los recursos, manejo que, preferentemente, se lleve a cabo en conjunto con la sociedad. Han de considerarse además, mecanismos e indicadores acerca del uso racional del presupuesto y del rendimiento de las instituciones medido en términos de beneficios a la comunidad para definir claramente los criterios de asignación de recursos.
La vinculación de los centros educativos de tercer nivel y las instituciones del sector privado, pueden representar una significativa fuente de financiamiento alterna, en proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y tecnología, en los cuales se da un beneficio común, tanto económico como académico.
Adicionalmente, las compañías y empresas privadas que se sostienen y desempeñan en gran parte con personal formado en instituciones públicas de educación superior están en condición de realizar aportaciones económicas a éstas, pues dicha acción puede ser considerada como una inversión en la cual no sólo obtienen un valor de recuperación, sino una significativa utilidad y perspectivas de desarrollo.
No menos importantes resultan las aportaciones voluntarias que los alumnos del nivel superior realizan al momento de inscribirse. El sistema de aportación voluntaria permite que alumnos de bajo nivel económico puedan acceder a los centros de formación profesional, sin embargo, por los altos costos de operación en los servicios adicionales, lo conducente es el cobro razonable de los mismos, como por ejemplo los exámenes extraordinarios, cursos extracurriculares y otros.
Un adecuado financiamiento de las instituciones públicas de educación superior debe ser resultado de la participación coordinada del gobierno federal, instituciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales, fundaciones de egresados y un sistema racional de cobro de servicios extraordinarios que en conjunto con un proyecto estratégico de reestructuración administrativa y académica permita establecer objetivos de desarrollo acordes a los requerimientos de México.
Dr. Harry Patrinos, Banco Mundial
Uno de los aspectos más importantes acerca de la educación es que su financiamiento proviene del sector gubernamental en la mayoría de los países en el mundo. Este financiamiento se ha manifestado en una elevada matrícula escolar y en otros beneficios para sus sistemas educativos, como el acceso universal a la educación en muchas naciones. Sin embargo, la educación otorgada por el sector público no siempre es la mejor para nuestros niños, ya que existen grupos que son dejados atrás como minorías lingüísticas, minusválidos, entre otros. Asimismo, continuamos observando diferencias en la escolaridad entre diversos grupos, particularmente entre niños y niñas, en gran parte del orbe.
EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MEXICO
Víctor Manuel Ulloa Arellano
de la ENEP Acatlán
No debemos olvidar que la educación en todos los niveles, y particularmente, en el superior, juega un importante papel como uno de los principales cimientos de la sociedad y se constituye como su motor y eje fundamental sobre el que ésta debe desarrollarse.
En el entorno actual, bajo el esquema de apertura a los mercados internacionales y la globalización de nuestra economía, se han presentado condiciones que impactan directamente a la sociedad y en especial a la población que conforma los sectores de marginación y pobreza; la educación superior se transformó de ser un producto para minorías, a la única vía para enfrentar apropiadamente las imperantes y complejas necesidades del país. En el proceso que permita entablar competencia con otros países y satisfacer adecuadamente los requerimientos nacionales, se hace evidente la importancia de la asignación racional y planificada por parte del Estado, de recursos financieros para sostener a una educación pública superior de calidad.
Nuestra nación demanda, para su desarrollo económico y social, la formación de profesionistas de alto nivel, exigencia que únicamente puede ser cubierta con un adecuado sistema de financiamiento a las instituciones educativas de nivel superior que, en su mayoría, ha de ser sustentado por el gobierno federal. Los beneficios que resultan de ello, pese a no poder ser medidos directamente en escalas monetarias, justifican plenamente el soporte gubernamental.
Se debe contemplar entonces al financiamiento a la educación superior como una inversión y no como un gasto, cuyo sustento es el dinero de los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos.
Han de considerarse además de los apoyos por parte del Estado, fuentes adicionales de financiamiento, provenientes de asociaciones civiles, egresados de instituciones públicas y, preferentemente de un importante sector de la iniciativa privada que se ve altamente beneficiado de las universidades del gobierno a cambio de una escasa o nula contribución al apoyo económico de éstas.
Cabe destacar que un gran proporción de alumnos habría quedado excluido de asistir a la universidad si las cuotas no hubieran sido de carácter voluntario. Este hecho ha redundado además en el aumento de la matrícula femenina en los centros de formación superior, lo que ha implicado una mejor calidad de vida para mas mujeres que tienen la oportunidad de estudiar una carrera profesional.
Al concebir las expectativas del financiamiento de la educación pública superior en nuestro país, es indispensable analizarlas en retrospectiva para obtener una perspectiva integral que proporcione elementos para elaborar propuestas en este rubro.
Sin recurrir a políticas paternalistas, y considerando la magnitud y relevancia del aparato educativo en la prosperidad de la nación, sólo mediante una subvención en su mayor parte gubernamental pueden establecerse las bases para estructurar un adecuado sistema de educación superior. Paralelo al apoyo económico gubernamental, han de establecerse en las instituciones de formación profesional mecanismos académicos y administrativos orientados al correcto empleo y máximo provecho de los recursos financieros para que estos centros de educación superior puedan cumplir cabalmente sus objetivos que, esencialmente redundan en un beneficio para la sociedad.
Entonces, es de esperar que por sí solo, un aumento en el gasto social del gobierno en el rubro de la educación y en específico en el de la superior, no conlleva una mayor eficiencia de las instituciones tal como se ha experimentado en el pasado.
Considérense las políticas de asignación de recursos gubernamentales a los centros de formación profesional llevadas a cabo en períodos anteriores. En las administraciones de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, el contexto de nuestro país era ya preponderantemente urbano, lo que significaba que era necesario para el desarrollo de la actividad productiva una mejor preparación de los trabajadores, es decir, elevar el nivel de formación de los habitantes. En este momento, el rol de la educación superior deja de ser un privilegio de un pequeño grupo y se convierte en un medio de formación de mayores cantidades de profesionistas, de los cuales, su ejercicio laboral impactaría directamente en el sistema económico nacional.
Bajo estas circunstancias, el gobierno federal otorga un aumento al presupuesto asignado a la educación superior por arriba de cualquier otra partida del gasto social. Este hecho permitió en una primera etapa, satisfacer las ingentes necesidades de educación superior, que si bien dio origen a un proceso de democratización de las instituciones educativas de tercer nivel no implementó al mismo tiempo medidas cuyo objetivo fuera renovar la estructura académica adaptándola a este fenómeno de masificación.
Al paso del tiempo, se verificó un dramático aumento en la matrícula estudiantil y en el personal docente, que no obstante, se desempeñaban bajo los obsoletos esquemas y modelos educativos lo que, en consecuencia, significó un claro detrimento de la calidad de estas instituciones. Paradójicamente, esta forma creciente y libre de financiamiento gubernamental a los centros de formación profesional se convirtió en un método paternalista más preocupado por las relaciones entre el gobierno, el sistema educativo y la sociedad, que por los niveles de eficiencia y rendimiento de las instituciones de educación superior, las cuales, bajo esta estructura de financiamiento, no se les exigía un mínimo nivel académico. En esta etapa salen a la luz nuevas instituciones a las cuales no se solicita estándares de acreditación y que se desarrollaron, por consiguiente, sin evaluación.
El vertiginoso aumento en la población estudiantil durante el período Echeverría-López Portillo en centros educativos de tercer nivel se vio reflejado en una inadecuada distribución de alumnos por área de estudio, dándose una reducción en la correspondiente a ciencias exactas y naturales y una acentuada concentración en las económicas, administrativas y jurídicas.
No obstante a esta desproporción por áreas, la expansión en el número de estudiantes vino acompañada de un importante beneficio que se da con el incremento a la matrícula femenina que, pese a que la mujer representa un poco mas de la mitad de los habitantes según los censos de población, el porcentaje de ellas que tenía acceso a la educación en 1970 era de sólo el 14% y ha crecido hasta el presente, con una participación cercana al 50% del estudiantado; según las estadísticas estimadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI. Este notable hecho permite fortalecer las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, propiciando además una participación mas activa del sector femenino en asuntos de interés nacional.
Al presentarse la crisis económica correspondiente al período de Miguel de la Madrid Hurtado, se implementó una severa política en el control de precios y saneamiento de las finanzas públicas que repercutió directamente en una considerable disminución a las partidas del gasto del desarrollo social, lo que afectó principalmente al rubro de la educación de tercer nivel. Contrario al sentido común, el sistema de educación superior continuó con la escalada desmedida de la matrícula y planta docente, originando serios problemas administrativos y académicos, pues el ya de por si poco presupuesto tenía que aprovecharse para mayores gastos. En lo concerniente al personal docente durante este período, el numero de contrataciones creció significativamente en contraparte a lo que sucedía con los demás empleos.
Esta etapa, de expansión de matrícula y planta docente y de escasos recursos económicos, el sistema educativo seguía caracterizándose por la ausencia de objetivos de desarrollo académico, por lo que no podían establecerse mecanismos de toma de decisiones sobre la asignación de recursos. Al final del período de Da la Madrid Hurtado y al inicio del de Salinas de Gortari, la economía nacional presentaba un panorama relativamente favorable, lo que conllevó a una reprogramación del gasto social en la educación. Sin embargo, este nuevo aumento al presupuesto de las instituciones educativas fue menor en las de tercer nivel que las de todas en conjunto.
La política en esta etapa era no continuar con la asignación creciente de recursos y se presentaron fuertes cuestionamientos sobre la calidad, eficiencia e importancia de los centros de educación superior. De aquí se genera el interés en el diseño de un sistema de evaluación a las instituciones de educación superior para definir indicadores sobre la proporción de recursos a asignarse en función de los resultados obtenidos. Hasta la fecha no ha logrado diseñarse un método que cumpla con tales objetivos y que permita vincular las medidas de calidad y eficiencia con objetivos de desarrollo académico.
Si bien es claro que el soporte económico de los centros de formación superior ha de ser mediante la asignación gubernamental mayormente, debe responderse a la interrogante que plantean algunos escépticos hacia este tipo de financiamiento, que sostienen que los principales beneficiados bajo dicho sistema no son las clases de escasos recursos económicos.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que las instituciones públicas de educación superior han permitido el acceso a ellas a un importante número de alumnos con bajo poder adquisitivo.
La distribución de recursos federales a la educación superior es adecuada en las sociedades que presentan un significativo sector de la población con desfavorables niveles económicos, pero debe realizarse una correcta administración de los mismos para poder obtener los resultados que la sociedad espera de ellos.
Entonces, se destacan dos aspectos fundamentales respecto al financiamiento de las instituciones de educación superior. Primero, un aumento en el presupuesto por sí sólo y sin una reestructuración académica y administrativa carente de objetivos congruentes a los requerimientos de la sociedad tendrá consecuencias negativas en la calidad de la educación tal como sucedió en el período de 1970 a 1982. Segundo, deben atenderse a los indicadores de calidad y eficiencia que justifiquen la inversión en educación pública superior en función del rendimiento de la misma.
Tómese para tal efecto el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, históricamente la mas antigua de América y por su importancia en el sistema educativo, ya que tiene la mayor de las matrículas de alumnos.
La mitad de las investigaciones en áreas de gran relevancia para nuestro país como las ciencias exactas, médicas, agrícolas, humanísticas, jurídicas y administrativas entre otras, se llevan a cabo en la UNAM. En los diez últimos años, la Universidad Nacional formó al 25% de los profesionales con el grado de maestría y al 50% de los que tienen el doctorado.
En el período académico 2000-2001 se desarrollaron 3709 proyectos de investigación y se inscribió a 227 mil alumnos en los niveles de bachillerato y licenciatura. Se estima que durante el mencionado período, un promedio de 2 mil egresados se incorporaron a la iniciativa privada y pública para prestar sus servicios profesionales. A lo anterior hay que agregar la atención médica, odontológica, veterinaria y sicológica entre otras, brindada a la comunidad de bajos recursos.
Es indiscutible la importancia del apoyo gubernamental en la subvención de las instituciones de educación superior, sin embargo, debe conformarse un sistema de fuentes adicionales de financiamiento que permitan continuar con la misión fundamental de los centros de formación profesional. Retomando el caso de la Universidad Nacional, se contempla una estrategia de captación de recursos extraordinarios mediante la Fundación UNAM. En el presente año, se da promoción a la campaña de afiliación a esta fundación, la cual canalizará las aportaciones de los socios a proyectos en beneficio de los universitarios.
El objetivo de la Fundación es el de captar a 20 mil nuevos socios cuya aportación mínima anual sea de 1500 pesos, tomando en cuenta que solamente el Programa de Becas de la UNAM emplea al año 26 millones de pesos. El gobierno federal se ha comprometido a otorgar mediante el Programa Nacional de Becas una cantidad igual si la Fundación logra captarla.
Un importante paso se ha dado con empresas de la iniciativa privada en la aplicación de descuentos en el precio de sus artículos y lo que se persigue es que éstas realicen aportaciones económicas directamente a la Universidad, ya que muchas de ellas se han visto beneficiadas por que gran parte de su personal es egresado de universidades públicas.
La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas calcula que globalmente, el 63% del costo de la educación es absorbido por el gobierno, en segundo lugar, el 35% provisto por la iniciativa privada, alumnos egresados y asociaciones no gubernamentales. El restante 2% es aportado por programas adicionales de apoyo.
Recapitulando, el motivo que justifica plenamente el financiamiento en mayor parte gubernamental, a la educación superior, es que los objetivos fundamentales de las instituciones educativas de tercer nivel están enfocados a brindar beneficios sociales que no pueden medirse directamente en términos monetarios. Paralelo al apoyo federal deben establecerse en las instituciones superiores metas y objetivos académicos congruentes con las necesidades prioritarias del país, mismas que mantengan niveles adecuados de calidad en la educación y de la eficiencia terminal, así como reorientar la distribución de la matrícula por áreas de conocimiento, reforzando aquellas que son cruciales para el desarrollo productivo y social de la nación. Asimismo, debe darse una reestructuración administrativa, que permita un ágil y transparente manejo de los recursos, manejo que, preferentemente, se lleve a cabo en conjunto con la sociedad. Han de considerarse además, mecanismos e indicadores acerca del uso racional del presupuesto y del rendimiento de las instituciones medido en términos de beneficios a la comunidad para definir claramente los criterios de asignación de recursos.
La vinculación de los centros educativos de tercer nivel y las instituciones del sector privado, pueden representar una significativa fuente de financiamiento alterna, en proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y tecnología, en los cuales se da un beneficio común, tanto económico como académico.
Adicionalmente, las compañías y empresas privadas que se sostienen y desempeñan en gran parte con personal formado en instituciones públicas de educación superior están en condición de realizar aportaciones económicas a éstas, pues dicha acción puede ser considerada como una inversión en la cual no sólo obtienen un valor de recuperación, sino una significativa utilidad y perspectivas de desarrollo.
No menos importantes resultan las aportaciones voluntarias que los alumnos del nivel superior realizan al momento de inscribirse. El sistema de aportación voluntaria permite que alumnos de bajo nivel económico puedan acceder a los centros de formación profesional, sin embargo, por los altos costos de operación en los servicios adicionales, lo conducente es el cobro razonable de los mismos, como por ejemplo los exámenes extraordinarios, cursos extracurriculares y otros.
Un adecuado financiamiento de las instituciones públicas de educación superior debe ser resultado de la participación coordinada del gobierno federal, instituciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales, fundaciones de egresados y un sistema racional de cobro de servicios extraordinarios que en conjunto con un proyecto estratégico de reestructuración administrativa y académica permita establecer objetivos de desarrollo acordes a los requerimientos de México.
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